Cecilia Bianco, presidenta de MEVIR, afirmó que la institución “es un referente creíble y eficaz en dar respuestas, lo cual es mérito de sus trabajadores, directores y participantes en casi medio siglo de existencia”.

Y prueba de ello son las 27.000 soluciones habitacionales que beneficiaron a más de 100.000 familias a lo largo de este casi medio siglo de existencia.

Bianco recordó que hubo un estancamiento del sector agropecuario con consecuencias sociales en el pasado, pero que ahora Uruguay “transita por una nueva ruralidad, con una dinámica social y legal que determinó cambios en el empleo rural, en los salarios y en las condiciones de trabajo”; lo que determina un mejoramiento en la calidad de vida de la población rural.

Atribuyó esos cambios a muchos factores como la descentralización política y a la intervención de organismos que antes no estaban presentes como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU) con los centros CAIF, que se suman a los que ya están desde siempre como MGAP, a través de la Dirección de Desarrollo y el Instituto de Colonización, además de las intendencias, “ todos socios comprometidos con el territorio y que aportan a las grandes transformaciones del ambiente rural de la última década” indicó.

Bianco mencionó que también hay una población rural excluida a la que las instituciones les cuesta llegar, situación que interpela el accionar de Mevir. En tal sentido, la institución propone para este año, un programa de “reflexión profunda para continuar con el trabajo orientado al mejoramiento del hábitab”. Y uno de los desafíos es llegar a la construcción y reparación de 8.000 viviendas del ámbito rural, con el objetivo de lograr “en 10 o 15 años se podrá abatir el déficit habitacional en el ámbito rural” indicó.

Para este plan quinquenal se trabajará en un nuevo marco de actuación con Planes Integrales de Proyectos Locales (PIPL) para atender las diferentes necesidades en cada zona, y se concretarán a través de la definición de un área territorial en la que se ejecutarán soluciones en materia de viviendas nucleadas, unidades productivas, viviendas en terrenos propios, saneamiento, agua, luz e infraestructura comunitaria realizada a través de convenios con otros organismos del Estado.