El exintendente Sergio Botana dejó a su sucesor Saravia, deudas por $ 100 millones de acreedores y retenciones, pero al asumir, en caja solo contaba con $ 12 millones.

En los últimos 40 días, el exintendente hizo $ 20 millones en donaciones, según información entregada por el intendente a la Junta Departamental. El déficit acumulado de esta administración ronda los $ 400 millones. Los gastos de funcionamiento y de retribuciones personales de la intendencia se ubican en unos $ 40 millones, pero los ingresos son menores a esa cifra.

Las retenciones de los funcionarios, ($ 3 millones) se vienen pagando con atraso por no alcanzar el dinero en caja. Se retuvo pero no se volcó en tiempo y forma. La asociación ANDA intimó a la Intendencia al pago de los créditos de los funcionarios.

La Junta Departamental de Cerro Largo, le pidió al intendente Pedro Saravia un estado de situación de la Intendencia, luego que el exintendente Sergio Botana renunciara a su cargo para ir por la reelección. Desde el legislativo departamental se cuestionaba que el exjefe departamental no remitía información que le solicitaban los ediles.

En la primera comparecencia del intendente Saravia ante este cuerpo, se comprometió a que en un plazo breve remitiría información general sobre el estado financiero y de recursos humanos en los que se encontraba esta administración.

Por un lado, la Intendencia cuenta hoy con un pasivo importante y por otro, escasos recursos que ingresarán en los meses de febrero y marzo.

Según informó el jefe comunal a los ediles, la Intendencia tiene muy poca caja y con diferencias muy importantes en los montos a pagar a diversos acreedores. La Intendencia tiene deudas con proveedores (entre ellos Ancap con un atraso de dos meses) y hay retenciones que no se abonaron, lo que suman $ 100 millones. Al momento de asumir la Intendencia, Saravia se encontró con que disponía en caja de $ 12 millones.

El jefe departamental explicó anoche ante la Junta Departamental la ejecución de medidas de austeridad que permitan lograr el equilibrio financiero de la Intendencia.

Ante los ediles, Saravia manifestó que su intención es no tener que pedir un nuevo préstamo para hacer frente a las obligaciones y que analizará la situación en los primeros días de marzo.

Saravia también informó ante el legislativo departamental sobre la derivación de las partidas para la construcción de viviendas a otros fines no conocidos. El Ministerio de Vivienda hizo entrega de los rubros a una cuenta de uso común que tenía la Intendencia. Un 70% de estos recursos no fueron utilizados en la construcción de viviendas.

Debido a esta situación, esta cartera paralizó la entrega de partidas por otros planes específicos hasta tanto se regularice la situación. Algunas de las viviendas se encuentran en un 35% de proceso de ejecución, otras en un 10% y hay otras que ni siquiera comenzaron.

Se presume que parte de esos dineros fueron a parar a la compra de las luces del estadio de Cerro Largo, pero no se tiene la certeza de su destino final.

Compensaciones

Saravia informó ante los ediles que aplicará una serie de medidas paliativas que le permita a la Intendencia cumplir con los gastos esenciales. Estas medidas restrictivas favorecerán a que los funcionarios puedan cobrar el salario en marzo. El intendente anunció que se decidió quitar las compensaciones que percibían los funcionarios municipales ya que generaban un peso importante en el presupuesto. Según habría dicho, algunas de estas compensaciones representaban un 100% de un sueldo.

En el próximo sueldo, se dejará de pagar dichas compensaciones, aunque se aclara que no se quitará en forma definitiva.

El intendente informó ante la Junta que en los últimos meses ingresaron “muchas” personas contratadas a la Intendencia, incluso en el período en el que estaba prohibido constitucionalmente.

Botana, entre los meses de diciembre y enero, pagó unos $ 50 millones a los acreedores, quedando debiendo unos $ 72 millones más. Incluso, según se informó, el exintendente hizo en ese período donaciones por $ 20 millones.

Atraso en obras

En cuanto a proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), en tres barrios se paralizaron las obras porque en los contratos con las empresas constructoras se establece una cláusula en la que estas solo pueden estar sometidas a la jurisdicción de los jueces de Cerro Largo. Esta condición no fue aceptada por la OPP ni por el BID.